CONSUETUDINARIOS VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS


Irán y un examen en el que debe ser reprobado
Ruben Kaplan


El Examen Periódico Universal (EPU) es el único mecanismo del Consejo De Derechos Humanos de las Naciones Unidas iniciado en 2008, consistente en examinar la práctica de esos derechos en todos los Estados del mundo cada cuatro años. El resultado de cada revisión es reflejado en un "informe final" que lista las recomendaciones hechas al Estado bajo revisión incluyendo las que aceptó. El EPU es un proceso circular que comprende 3 etapas clave:
1) El examen de la situación de derechos humanos del Estado
2) La implementación entre dos revisiones (4 años) de las recomendaciones promesas y compromisos aceptados y voluntarios por el Estado
3) Informe en la próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas y de la situación de derechos humanos en el país desde la revisión anterior. En febrero de 2010 le tocó ser escudriñada en Ginebra a la República Islámica de Irán, el consuetudinario país violador de los derechos humanos, empecinado en obtener armamento nuclear. En la sesión, en la que participaron 53 países; 25 estados miembros y 28 observadores, fueron denunciadas las represiones de las protestas pacíficas después de las elecciones de junio 2009; los arrestos extrajudiciales y arbitrarios; las torturas y los malos tratos en las cárceles, así como la ejecución de jóvenes. El epítome elaborado por el Consejo de Derechos Humanos puso énfasis en los abusos cometidos por el régimen teocrático a lo largo de los últimos ocho meses de crisis institucional y social; aunque el texto carece de fuerza condenatoria. En el documento publicado el 15 de febrero se emplaza a las mismas autoridades a las que se acusa de los atropellos, a que “tomen medidas para erradicar la tortura y otras métodos crueles y denigrantes”. También pide el resumen lapidario para Irán, que se prohíba las ejecuciones a los menores de 18 años de edad; que se “considere” una moratoria de las penas de muerte con el objetivo de caminar hacia la abolición o que se adopten medidas para prevenir “un excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad”. Respecto a la hostilidad hacia los disidentes políticos o los periodistas, la ONU pide la independencia del poder judicial del político. Con el habitual cinismo que caracteriza a los jerarcas persas, el secretario general del Consejo de Derechos Humanos de Irán, Mohamad Javad Lariyan, presente en la sesión, negó las imputaciones y acusó a Occidente de utilizar las libertades fundamentales para presionarles. Lariyan defendió a su país de las críticas, presentándolo como una víctima del "doble rasero" en las relaciones internacionales y del terrorismo. También denunció el funcionario las "sanciones unilaterales y coercitivas impuestas a Irán por algunos países occidentales por razones puramente políticas y que han tenido un impacto negativo en el desarrollo del país y en la realización de todos los aspectos de los derechos humanos de los iraníes".
El pasado 28 de enero, el gobierno de Mahmud Ahmadinejad confirmó la ejecución de los primeros opositores acusados de «conspirar contra el ‘‘establishment’’ y de ser “enemigos de Alá” por manifestarse tras el fraude electoral. Uno de ellos, Arash Rahmanipour tenía 19 años cuando fue condenado a muerte. Un día después de este terrible suceso, el régimen teocrático ratificó la misma pena a otros nueve reformistas que fueron detenidos por acudir a las manifestaciones el día de la Ashura. Los opositores aprovecharon esta festividad sagrada para volver a hacer visible su malestar y refugiándose en su carácter religioso creyeron ingenuamente que no serían repelidos. Inmediatamente advirtieron su error. Ocho personas murieron a causa de la represión policial y cientos de manifestantes fueron detenidos. Fuentes no oficiales estiman que el número de arrestos a raíz de la crisis electoral asciende a un millar. Según informes que ya han sido publicados, en las prisiones de la República Islámica de Irán, las manifestantes detenidas en el levantamiento posterior a las elecciones presidenciales del 12 de junio de 2009, en particular las mantenidas en Kahrizak, han sido violadas en grupo y los guardias las han sometido a las peores torturas medievales. Muchos de los detenidos, mujeres y hombres, han muerto debido a las repetidas violaciones en grupo, por la ruptura del útero o el recto y el sangrado intestinal. En el régimen iraní, muchas mujeres en las cárceles han sido violadas y asesinadas hasta ahora y las que han sobrevivido, quedaron traumatizadas con graves daños físicos y psicológicos debido a la violación y la tortura. El documento de análisis presentado por Amnistía Internacional al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas demuestra que la visión del gobierno iraní sobre el estado de los derechos humanos en su país está gravemente distorsionada. Esta información constituye una respuesta al dudoso informe presentado por Irán a las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal. Aparte de la declarada crisis política, Amnistía Internacional afirma la existencia de una crisis de derechos humanos: se trata de arrestos y detenciones masivas, ataques a la libertad de expresión, palizas a manifestantes pacíficos, discriminación a las mujeres y a las minorías étnicas y religiosas, torturas y muertes bajo custodia, confesiones bajo coacción, juicios mediáticos y ejecuciones por motivos políticos. Aunque Amnistía Internacional reconoce algunas de las mejoras en la legislación que se mencionan en el informe de Irán a las Naciones Unidas, rechaza su afirmación de haber cooperado con los grupos de derechos humanos. A la propia Amnistía Internacional se le niega el acceso al país para investigar de primera mano las violaciones de derechos humanos desde abril de 1979. El documentado presentado por esta organización revela con pruebas y números las mentiras y excusas de una gran parte de las afirmaciones del informe iraní y pide al gobierno que realice una mejora de los derechos humanos más allá de la realidad presentada en el papel.
El representante de EEUU el secretario de Estado adjunto para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Michael Posner, condenó también "las crecientes restricciones de la libertad de expresión", evidenciadas en "el cierre de medios de prensa, y la detención de periodistas iraníes y extranjeros, así como los impedimentos para acceder a Internet", y la "situación de los detenidos y la ausencia de juicios justos".
Las gestiones diplomáticas lograron que la lista de los más de 80 oradores apuntados para esta sesión estuviera encabezada, además de Estados Unidos, por otros países muy críticos de Irán, como Israel, Canadá o Francia.
El país galo, denunció que "las autoridades llevan a cabo una represión sangrienta contra su propia población, que reivindica pacíficamente sus derechos".
El embajador español, Javier Garrigues, por su parte, incidió en el alto número de ejecuciones que registran en Irán y que le sitúan en segundo lugar en el mundo, después de China. "España está preocupada por el continuo deterioro de los derechos humanos en Irán. Recomendamos que acepte la visita de los relatores especiales de la ONU y lamentamos el empleo indiscriminado de la pena de muerte", señaló el diplomático.
Los casos de tortura, los castigos como la lapidación o la amputación de miembros, la falta de independencia del poder judicial o las leyes discriminatorias hacia las mujeres y las minorías religiosas fueron otros de los aspectos criticados por los países que intervinieron.
La condena al feroz régimen islámico iraní, no fue sin embargo unánime. Se abroquelaron en su defensa países islámicos, árabes, asiáticos, de Europa del este, como Brasil y los aglutinados en la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) integrada por la República Bolivariana de Venezuela, la República de Cuba, la República de Bolivia, la República de Nicaragua y la Mancomunidad de Dominica, la República de Honduras, la República de Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda, con la notable ausencia en las intervenciones de África del Sur y casi todos los demás países africanos. Brasil aseveró que los expertos de la ONU en la materia pueden ir a investigar, siendo que las visitas fueron suprimidas en 2005.
Por su parte, India, China y Rusia afirmaron que Irán coopera con la comunidad internacional sobre derechos humanos. Mientras tanto, México se preocupó por “la información sobre detenciones y ejecuciones al margen de la ley, de individuos acusados de atentar contra el gobierno”, requiriendo se respete la presunción de inocencia de los detenidos. Chile abogó por “ una efectiva independencia en los procedimientos y en la administración judicial; una legislación de excepción debidamente acotada; una adecuada protección para los defensores de derechos humanos, así como para los opositores políticos; una efectiva garantía a la libertad de expresión y opinión y a la libertad de religión y creencia”.
En mayo venidero, un tercio de los miembros del EPU, compuesto por 47 países según una distribución equitativa por países por continentes, serán renovados por el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, cooptada por los países musulmanes y tercermundistas. La República Islámica de Irán, conspicua violadora de los derechos humanos, presentó por primera vez su candidatura para integrar ése organismo. En virtud de la hipocresía existente en el mundo, no es descabellado pensar que pueda cumplir con su cometido.

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